Colombia es un país con uno de los conflictos armados más fuertes y antiguos de América Latina, podría decirse que la violencia es el flagelo histórico que ha marcado la memoria de su gente durante tantos años de matanzas y desplazamientos forzados, llevando sólo lo que la guerra les perdonó.
El conflicto armado en nuestro país se ha convertido a través de los años en una guerra sin precedentes y falta de clemencia hacia los que inicialmente serían los defendidos de los grupos revolucionarios que se encontraban al margen de la ley. Demostrando una vez más la incapacidad de nuestro Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y acabando con la poca fe y esperanza del pueblo en su gobierno.
Es de esta manera, tras haber atravesado los años más tortuosos del conflicto y tras varios gobiernos ineficaces en materia de la resolución del mismo, como llega en el año 2002 un nuevo gobernante que casi podría decirse tendría un designio mesiánico para recuperar la esperanza de los colombianos y solucionar por fin el conflicto que tanto perjudica a nuestro país.
El nuevo gobierno comienza su labor con un refuerzo a las Fuerzas Armadas, propiciando una mayor presencia de las mismas en diferentes lugares del país donde las guerrillas habían logrado su objetivo de desplazar a la fuerza pública tras la fallida zona de distensión. Los balances de popularidad para el primer periodo de gobierno del Presidente Uribe, fueron bastante generosos ya que la confianza aumentó y el riesgo país disminuyó, favoreciendo de manera ostensible la imagen de Colombia en el extranjero, traduciéndose en mayores inversiones.
Lastimosamente para el segundo periodo presidencial la suerte y la popularidad se han visto empañadas por el escándalo parapolítico que ha arremetido en los últimos meses contra la clase política de nuestro país. En estos últimos tiempos se ha vuelto evidente la crisis de legitimidad de nuestro Estado al haberse comprobado que gran parte de la cúpula legisladora y militar de nuestro país mantenía nexos con los líderes de los grupos paramilitares recientemente desmovilizados.
Toda esta situación ha dejado en entredicho la eficiencia del nuevo proceso de paz propuesto por nuestro presidente. El escándalo parapolítico también ha puesto al descubierto la burocracia nepotista reinante en nuestro país que ha sido gestada desde hace mucho tiempo, confirmando una vez más el gran secreto a voces: el territorio colombiano es un objeto más en la larga lista de bienes a heredar en el “testamento del abuelo”.
De la imagen positiva ganada por nuestro país en los años pasados, puede decirse que va en detrimento, el presente escándalo le ha significado a Colombia negativas y retrasos en diferentes procesos de negociación como los del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., colocando a nuestro país ante los ojos de la Comunidad Internacional como un país con altos índices de corrupción e inestabilidad al presumirse la existencia de nexos paramilitares con la presidencia.
Sólo resta decir que la oposición ha jugado un papel importante en toda esta historia, desde sus inicios fueron los principales denunciantes de la corrupción paramilitar en el congreso y en gran parte del país. Ahora sus líderes reiteran que la mejor manera para lograr la paz tan anhelada en Colombia es por la vía de la inversión social, la cual beneficie en gran medida a la población, satisfaciendo sus necesidades, reduciendo el riesgo de que pasen a formar grupos insurgentes a un nivel casi inexistente.
Colombia es un país con grandes ventajas a nivel geográfico, con una población que se distingue en el extranjero por su pujanza y calidez, ha sido además un país que a lo largo del tiempo ha intentado mantenerse en el exterior como un precursor de los principios del Derecho Internacional. Son todos estos factores además de su amplia riqueza natural los que hacen de Colombia un país cualificado para surgir y proyectarse internacionalmente manteniéndose como un actor político y comercial bastante importante.
No hay que ver la paz en Colombia como una utopía, es necesario que se haga una labor de concientización para nuestros gobernantes donde ellos comprendan que la salida al conflicto no está en la vía armada, que con esta opción los únicos perjudicados no son más que los miembros de la población civil.
Es necesario tomar plena conciencia de que en Colombia los únicos que necesitan una garantía de seguridad no son los extranjeros que visitan este territorio, sino los nacionales que día a día pierden sus vidas al ser obligados a dejar atrás todo aquello que les pertenece por el derecho que les otorga el haber nacido y trabajado en esta tierra. Que Colombia necesita dejar de ser una tierra de supervivientes para empezar a ser un país que garantice los derechos de sus habitantes.
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